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Javier Arenas se compromete a impulsar la construcción de  190.000 viviendas protegidas en cuatro años.

La política de vivienda del Partido Popular se basa en políticas creíbles, eficacia y capacidad frente al ‘todo gratis’, los incumplimientos y la demagogia del PSOE.

El objetivo  fundamental de la política de vivienda del PP es facilitar el acceso a la vivienda en propiedad, fundamentalmente a los jóvenes, e impulsar el alquiler como opción voluntaria de los ciudadanos. Para lograrlo es es necesario que el suelo esté cada vez menos intervenido y, por eso, el PP propone un gran Pacto Nacional por el Suelo que implique a todas las administraciones, el sector inmobiliario y financiero, los consumidores, los sindicatos y los colegios profesionales y agentes sociales. Este pacto deberá armonizar normativas, establecer un código de buenas prácticas, luchar contra el fraude y la corrupción y reducir los plazos de desarrollos de nuevos suelos a dos años con el fin de  que que se puedan construir el número de viviendas al precio asequible que demanda la sociedad andaluza.

El programa del PP en materia de vivienda nace de la participación y las aportaciones de todos los sectores implicados, conscientes de que no es la administración autonómica la construye viviendas sino que su misión es impulsar y facilitar las condiciones idóneas para que los andaluces puedan acceder a una vivienda a precios asequibles.

El compromiso de Javier Arenas es impulsar desde el gobierno de la Junta de Andalucía la construcción de 190.000 viviendas protegidas en los próximos cuatro años.

De estas 190.000 viviendas, 150.000 serán VPO en venta y alquiler y 40.000 de una nueva modalidad de vivienda “semi-protegida” cuyo precio máximo no podrá exceder de 160.0000 euros. El PP andaluz aboga por la promoción de viviendas a precio tasado en la amplia banda que existe en la actualidad entre las VPO y las viviendas libres.

El PP andaluz considera que la construcción de vivienda protegida es una política social fundamental, por lo que aspira a hacer más atractivas las viviendas VPO tanto para las familias y los jóvenes andaluces como para los promotores.

Para ello, el PP andaluz se compromete a fijar un tope mínimo de seis años para la descalificación de las Viviendas de Protección Oficial, estableciendo de forma nítida las condiciones para acceder a la descalificación y posible venta de la vivienda. Otros compromisos son eliminar el carácter retroactivo de cualquier normativa o disposición relativa a la VPO, mantener con la Asociación para la Defensa de los Propietarios de VPO contactos previos para acordar la modificación de estas normativas y agilizar los trámites administrativos para la puesta en carga de los suelos, fijando un máximo de dos años para su tramitación.

Una vertiente fundamental de la política de vivienda del Partido Popular andaluz es la reducción de todos los impuestos vinculados con la adquisición de vivienda. El PP propone rebajas en el tramo autonómico del IRPF, exenciones y bonificaciones en el IBI, la aplicación en el IVA de un tipo superreducido a todas las viviendas cuyo coste no supere los 160.000 euros, así como la reducción del Impuestos Transmisiones Patrimoniales (ITP), del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD) y del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

El PP andaluz está especialmente preocupado por las continuas subidas de las hipotecas en los últimos meses y su incidencia en la economía de las familias andaluzas, que están sufriendo un incremento de su hipoteca de mil euros anuales, lo que crea un problema dramático en muchas economías domésticas.

El PP propone un paquete de medidas fiscales cuyo objetivo es compensar la subida de las hipotecas y facilitar el acceso a la vivienda de los andaluces, especialmente de los colectivos con más dificultades para afrontar la carga económica que esto supone.

Esta ley de medidas fiscales recogerá cinco grandes bloques de reducción de impuestos: reducciones del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, reducciones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, creación de un Fondo Compensatorio Hipotecas, ayudas de 12.000 € adquisición para adquisición de vivienda semiprotegida y Plan de Incentivación a las Empresas que establezcan ayudas a sus asalariados.

Otro reto de la política de vivienda del PP andaluz es mantener la aportación de la construcción al crecimiento económico y al empleo, en un momento en el que el frenazo de la construcción hace prever una importante pérdida de empleo en el sector.

Para dar respuesta a este reto, el PP considera imprescindible la derogación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), ya que por su carácter restricitivo y arbitrario supone un obstáculo para el desarrollo de los pueblos y ciudades de nuestra comunidad, además de una amenaza para el empleo. Tras la derogación del POTA, el PP se compromete a elaborar un nuevo plan consensuado en el plazo de seis meses.

Además, el PP garantizará por ley el mismo trato a todos los ayuntamientos, independientemente de su color político y se compromete a establecer por ley criterios objetivos para las relaciones entre la Junta de Andalucía y los ayuntamientos en relación con los convenios, las subvenciones y los programas.

El andaluz es consiciente de que el patrimonio de suelo municipal es en la actualidad la principal vía de financiación de los ayuntamientos, por lo solucionar el problema de las arcas municipales contribuirá a resolver el problema de la vivienda, facilitando que los municipios puedan poner suelo a precios asequibles. Por ello, se compromete a tramitar de forma urgente en el Parlamento de Andalucía una ley que regule la transferencia y delegación de competencias a los Ayuntamientos y una ley de Participación de las Entidades Locales en los Ingresos de la Comunidad Autónoma.

Asimismo, creará una Comisión Mixta con las Administraciones Locales para evaluar y cuantificar la prestación de servicios que no les compete a los ayuntamientos y que, sin embargo, llevan a cabo, para así poder determinar un Fondo de Compensación para éstos.